El importe máximo de las sanciones previstas por la AI Act europea (35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial) circula mucho, a menudo sin explicación. Para una pyme, esta cifra suele provocar dos reacciones excesivas: el pánico o la indiferencia, porque parece poco realista. Ninguna de las dos es la correcta.

Un límite máximo, no un importe automático

Este importe es un límite máximo, previsto para los incumplimientos más graves: normalmente los usos clasificados como de riesgo inaceptable. No se aplica de forma automática ni uniforme a cualquier irregularidad menor. La normativa contempla una gradación de las sanciones según la gravedad del incumplimiento.

Lo que realmente importa para una pyme

El riesgo real para la mayoría de las pymes no es incurrir en la sanción máxima, sino no saber en qué situación se encuentran: qué herramientas se utilizan, con qué datos y con qué nivel de riesgo. Es esta falta de visibilidad la que expone a una empresa, mucho más que el propio uso de la IA.

El calendario que hay que conocer

Qué puede hacer una pyme, en la práctica

Tres acciones reducen la mayor parte del riesgo: identificar los usos reales de la IA en la empresa, clasificar cada uno según su nivel de riesgo y mantener actualizado un registro. No se trata de un proceso complejo en sí mismo: sobre todo, es un proceso que pocas empresas han llevado a cabo todavía.

Este calendario normativo puede modificarse. Esta guía no sustituye el asesoramiento jurídico personalizado para su situación.